El Correo  (enlace) y Diario Vasco (enlace) 8/12/2019

Esta semana ha concluido el trabajo de los expertos sobre autogobierno y han registrado sus conclusiones en el Parlamento Vasco. Por lo que sabemos, hay dos asuntos sobre los que parece difícil el acuerdo: la nación y el derecho a decidir. Quisiera aportar alguna reflexión al respecto y sobre ciertas cuestiones de método que a mi juicio son ineludibles para posibilitar ese deseable punto de encuentro.

Los más reacios a incluir términos como nación o identidad nacional lo hacen en nombre de una Constitución que estableció una distinción entre dos tipos de comunidades autónomas, cuyo nombre se pactó en “nacionalidades” y “regiones”. Quienes ahora rechazan este término deberían explicar cómo se salvaguarda entonces esa distinción constitucional, especialmente en unos momentos en que los estatutos de nuevo cuño han adoptado la denominación de nacionalidad también para comunidades como Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Canarias y Comunidad Valenciana. Cuando el término se banaliza, ¿qué sentido tiene la pretensión de relegarlo a un preámbulo sin consecuencias jurídicas o adjetivarlo como “nación cultural”? ¿A qué obedece ese empeño en despolitizar la idea de nación? ¿Al miedo a que los nacionalistas la entiendan como titular de soberanía cuando de hecho ya la ejerce, compartidamente, en su fiscalidad? La distinción entre nacionalidades y regiones que recoge la Constitución no se refería a distintos grados de vitalidad cultural sino a voluntades políticas de autogobierno. ¿O es que el Comité Nacional del PSE es un organismo que se reúne para hablar de cuestiones culturales?

El núcleo de la discusión parece centrado también en el concepto “derecho a decidir” y sus posibles interpretaciones. Me gustaría hacer algunas consideraciones a propósito de este escollo, que no me parece tan insuperable como algunos lo entienden, eso sí, a condición de que las fuerzas políticas lo interpreten con flexibilidad y hagan, simultánea y recíprocamente, algunas concesiones. Vaya por delante que me parece un concepto demasiado vaporoso por un lado (estamos decidiendo continuamente), y demasiado rotundo, por otro (se trataría de un derecho). Soy partidario de ser más claros y proporcionar a la ciudadanía vasca de un cauce democrático que permitiera implementar una posible secesión, pero creo que la voluntad de autogobierno de la sociedad no se puede reducir a un momento de esas características sino que debe concretarse en una norma que, como el Estatuto, establezca el modo como se ejerce de manera habitual esa voluntad de autogobierno. Un procedimiento que refleje la pluralidad es mas respetuoso con la voluntad de la sociedad vasca, mas democrático, que una decisión en torno a una gran alternativa consultada.

En este sentido propongo una formulación del futuro autogobierno que establezca que cualquier forma de organización política de que se dote la sociedad vasca deberá contar con la aprobación de la ciudadanía y se ejercerá mediante procedimientos democráticos, con voluntad de integración, respetando su pluralismo y de manera pactada, en su seno y en los ámbitos políticos de los que forma parte. Entiendo que los llamados constitucionalistas exigirán una apelación a la Constitución y que los nacionalistas tendrían menos dificultad en aceptarla si se hace en términos de “principios constitucionales” y no “dentro del marco de la Constitución”. Para que esta voluntad de autogobierno sea respetada, mucho más relevante que las consultas o la proclamación del derecho a decidir me parece el blindaje de ciertas competencias y su protección pactada en una Comisión Bilateral (similar a la del Concierto).

Para posibilitar un pacto en torno a esta cuestión se requiere una mentalidad propicia. El nacionalismo tiene que entender que no representa a todo el pueblo vasco y que no podría calificarse como veto una oposición significativa de quienes representan a una buena parte de él. Además, el respeto a las posiciones minoritarias donde se es mayoría es lo que le legitima a uno para reclamar mayorías cualificadas allí donde no lo es. Pensemos en los efectos devastadores que para el autogobierno vasco tendría (y en parte ha tenido) que en Madrid fuera descalificada como veto una posición altamente mayoritaria en Euskadi a la hora de proceder a un nuevo diseño de la distribución del poder territorial. El principio republicano de no dominación de la mayoría es más democrático que la habilitación de la mayoría (en Euskadi o en el Estado) para imponer lo que los números le permiten.

Por otra parte, los partidos de ámbito estatal no deben olvidar que representan a un Estado que no es homogéneo y en el que hay muchos que lo entienden como plurinacional (e incluso que quieren irse). Y tendrían que explicar cómo entienden el carácter pactado, no subordinado ni unilateralmente interpretable, del Estatuto y qué mecanismos prevén para que su desarrollo esté en consonancia con su naturaleza pactada.

Podríamos hablar de un “autogobierno sostenible”, en el doble sentido de la expresión: que sea apoyado por una amplia mayoría de la sociedad vasca y que tenga recorrido constitucional. Hay quien no tiene interés en el acuerdo porque nunca le ha inquietado el incumplimiento estatutario (como el PP) o porque desea un escenario de confrontación abierta con el Estado (como EH Bildu). Y cuando hablo de recorrido constitucional no estoy pensando en la simple adaptación a la interpretación constitucional que se ha ido estrechando en los últimos años, sino en aquellas interpretaciones innovadoras a las que invitaba el mismo Tribunal Constitucional en su sentencia acerca de la declaración del Parlament sobre el derecho a decidir. Quienes tengan alguna responsabilidad en todo este asunto deberían pensar además en el mensaje que se puede enviar a la sociedad catalana sobre la utilidad de los pactos o la supuesta inevitabilidad de estrategias unilaterales.